Ministerio de Justicia exige ampliar investigación del magnicidio de Uribe Turbay
El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía identificar a los autores intelectuales y financiadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.
Justicia presiona a la Fiscalía para esclarecer autoría intelectual del crimen de Uribe Turbay
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a la Fiscalía General de la Nación profundizar la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y verificar las nuevas revelaciones que señalan a posibles responsables intelectuales, financiadores y coordinadores del asesinato. Así lo reportó infobae.com el 19 de octubre de 2026.
La solicitud fue remitida ese mismo lunes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante una carta firmada por el ministro Iván Alfonso Cancino González.
El caso no está cerrado, según el Ministerio
El documento sostiene que el proceso no puede considerarse completamente esclarecido con las capturas, judicializaciones y condenas asociadas a quienes habrían participado en la ejecución material del crimen. La cartera pidió determinar quién dio la orden, quién transmitió las instrucciones, cómo se obtuvieron los recursos y si existió colaboración de funcionarios o particulares con acceso a información institucional.
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese año. La Fiscalía ha informado avances sobre los responsables materiales y ha contemplado la eventual participación de integrantes de la Segunda Marquetalia, según se indica en la comunicación enviada al ente acusador.
El ministro Cancino reconoció el trabajo adelantado por la Fiscalía, aunque planteó que la investigación debe avanzar sobre la estructura que habría estado detrás del atentado.
Mensajes de la viuda detonan la petición
La petición se produjo después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, divulgara el 15 de octubre mensajes que, según explicó, recibió y entregó posteriormente a las autoridades. En esas comunicaciones se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como "Marcos Calarcá", y se alude a la supuesta organización de un atentado. También se plantea que una orden para cometer el crimen habría surgido desde el Senado de la República.
"El objetivo no es que las versiones periodísticas se conviertan en sentencias", señala la carta. El pedido apunta a que las autoridades comprueben cada dato, descarten las informaciones que carezcan de sustento y profundicen las líneas que tengan respaldo en elementos probatorios.
El Ministerio solicitó revisar la autenticidad, integridad, cronología, metadatos, remitentes y destinatarios de los mensajes, chats, fotografías, correos electrónicos y advertencias que recibió Tarazona. La solicitud también plantea identificar las fuentes originales por los medios legales disponibles y contrastar sus versiones con otros elementos.
Albán Urbano y el partido Comunes rechazaron los señalamientos. Por esa razón, el documento insiste en que las acusaciones deben ser verificadas de manera independiente y sin anticipar conclusiones judiciales.
Actuaciones en curso y fuero constitucional
La Fiscalía ya adelantaría actuaciones de policía judicial para establecer la autenticidad de algunas comunicaciones aportadas por Tarazona, incluido un correo electrónico enviado al ente acusador el 3 de septiembre.
El ministro pidió establecer si Albán Urbano tuvo alguna relación con la preparación del asesinato o si los mensajes que lo mencionan carecen de sustento. En caso de que existan elementos pertinentes, solicitó evaluar la remisión del material a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Albán Urbano fue representante a la Cámara entre 2022 y el 20 de julio de 2026. El atentado contra Uribe Turbay ocurrió en 2025, durante su período como congresista. La carta recuerda que el parágrafo del artículo 235 de la Constitución establece que, tras dejar el cargo, el fuero se mantiene para conductas punibles relacionadas con las funciones desempeñadas. El documento aclara que no corresponde al Ministerio decidir sobre esa competencia y que debe ser la Sala Especial de Instrucción quien determine si el alto tribunal debe asumir alguna actuación.
Señalamientos adicionales sobre Venezuela y minería ilegal
La comunicación menciona también una entrevista de Tarazona concedida a María Isabel Rueda y publicada por El Tiempo el 18 de octubre, en la que la viuda del senador se refirió a Enrique Marulanda —al que señaló como hijo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo— y lo vinculó con una presunta orden material y coordinación del asesinato.
El Ministerio solicitó confirmar la identidad, ubicación, actividad y posible participación de esa persona, así como examinar las versiones sobre eventuales nexos con alias John 40, la Segunda Marquetalia y una posible explotación minera ilegal en Vaupés o Guainía.
Reconstrucción de la cadena del crimen
Entre las solicitudes formales está la reconstrucción de los contactos, pagos, comunicaciones y decisiones que habrían permitido la planeación y ejecución del asesinato. También se pidió establecer la procedencia de los recursos utilizados para el atentado y analizar las versiones sobre posibles transferencias o apoyos desde Venezuela, a través de los mecanismos de cooperación judicial que correspondan.
El Ministerio solicitó además que se incorporen las declaraciones de las personas procesadas o condenadas que puedan aportar información sobre superiores, determinadores o financiadores. A ello se suma la petición de reforzar la protección de testigos, fuentes e investigadores, preservar los elementos probatorios que puedan perderse con el paso del tiempo, y contrastar las alertas previas, las amenazas denunciadas, las solicitudes de protección y las respuestas institucionales antes del atentado.
La carta también plantea revisar si hubo participación, colaboración, facilitación u omisión penalmente relevante de servidores públicos o particulares con acceso a información institucional durante la preparación del crimen.
Source: Google News CO — Crime