Policía demanda a exdirector del DAS por $564 millones pagados a familia de Jaime Garzón
La Dirección General de la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, condenado en 2018 por el homicidio del periodista Jaime Garzón.
Demanda de repetición contra Narváez por el asesinato de Jaime Garzón
La Dirección General de la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS condenado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón. Según reveló laopinion.co, la entidad busca que Narváez responda económicamente por los $564 millones que el Estado pagó a los hermanos del periodista como indemnización.
El pago fue ordenado en 2025 por el Ministerio de Defensa a María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos del comunicador, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Estado de septiembre de 2016. En esa resolución, la Nación fue declarada responsable por la muerte de Garzón y se ordenó indemnizar a sus familiares; entre las entidades vinculadas figuraron la Policía y el Ejército Nacional.
El argumento jurídico de la Policía
La Policía sostiene que los recursos no deben ser asumidos únicamente por el Estado, dado que la condena penal contra Narváez estableció que su actuación tuvo un papel determinante en la planeación del crimen. Según la demanda, el entonces funcionario habría entregado información al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil que relacionaba a Garzón con grupos guerrilleros e insistió ante Castaño para que ordenara el homicidio.
"El señor José Miguel Narváez Martínez se encuentra en el deber legal de reembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó, por la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero", señala el texto de la demanda, revelado por el medio Cambio.
Las pruebas del proceso penal
Durante la investigación penal, la Fiscalía recopiló testimonios y documentos que buscaban demostrar la participación de Narváez en el homicidio. Las evidencias indican que el exsubdirector de Inteligencia del DAS y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, el general Jorge Eliécer Plazas Acevedo, realizaron seguimientos al periodista y trasladaron la información recogida a Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el crimen.
Según los testimonios incorporados al expediente, las labores de Garzón como mediador en casos de secuestro atribuidos a las Farc y sus gestiones para propiciar un desescalamiento del conflicto llevaron a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla. Con base en esa caracterización, habrían instado a Castaño a atentar contra su vida.
Testimonios de exparamilitares
Entre los declarantes del proceso figura Jorge Iván Laverde, alias 'El Iguano', exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien en versión ante la Fiscalía de Justicia y Paz señaló a Narváez como vinculado al asesinato. También constan declaraciones de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', quienes indicaron que Narváez mantenía relación con estructuras paramilitares y habría participado en actividades de formación dentro de sus campamentos.
De acuerdo con los abogados de la familia Garzón, al momento del crimen Narváez se desempeñaba como asesor de las Fuerzas Militares.
Condenas previas y antecedentes del caso
El asesinato de Jaime Garzón ocurrió el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, cuando el reconocido periodista y humorista se desplazaba hacia su lugar de trabajo. El crimen fue ejecutado por miembros de la banda conocida como "La Terraza", por orden de Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las AUC.
Castaño fue condenado en marzo de 2004 a 38 años de prisión por este hecho. La sentencia contra Narváez llegó en 2018: 30 años de cárcel por su papel como determinador del homicidio. Narváez también fue procesado por el asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994.
Con la nueva acción judicial, la Policía pretende que la responsabilidad establecida en el proceso penal derive también en consecuencias económicas, de modo que Narváez asuma parte de los recursos que el Estado destinó para reparar a los familiares del periodista más de dos décadas después de su muerte.
Source: Google News CO — Crime