Corrupción policial en Ecuador: infiltración criminal y controles débiles exponen a la institución
Casos de combustibles, drogas y armas sustraídas revelan la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional. Un acuerdo con EE.UU. busca fortalecer los controles internos.
Corrupción dentro de la Policía Nacional: casos acumulados y un convenio con EE.UU.
Expreso.ec reporta que policías y militares ecuatorianos han sido detenidos en múltiples operaciones durante los últimos dos años por delitos que incluyen tráfico de combustibles, robo de evidencias, extorsión y filtración de información reservada —una acumulación de casos que expone las grietas estructurales en los mecanismos de control interno de la institución.
La alerta más reciente surgió cuando investigadores determinaron que parte de la pentolita robada de instalaciones policiales terminó fuera del control del Estado. No era la primera vez que un caso de seguridad nacional apuntaba hacia adentro de las propias fuerzas encargadas de combatir el delito.
Operaciones que revelan la magnitud del problema
En abril de 2026, la operación Gran Fortaleza 1 resultó en la detención de cinco policías, tres militares y varios civiles acusados de integrar una red de tráfico y desvío de hidrocarburos que operaba en distintas provincias del país. La investigación apuntó a una estructura que habría facilitado combustible a economías criminales.
Meses antes, otros militares fueron procesados por el presunto robo y transporte ilegal de combustibles vinculados a actividades ilícitas. Los hallazgos se suman a los casos documentados durante 2025: dos policías detenidos por secuestro y extorsión en Guayaquil, y el robo de 321 kilogramos de cocaína desde una bodega oficial de la Policía, droga que habría terminado posteriormente en manos de organizaciones criminales, según consignó un análisis de InSight Crime.
El exjefe antidrogas Guillermo Palacios afirmó que el crimen organizado ha penetrado áreas altamente sensibles como puertos, aeropuertos y bodegas de evidencias.
Solo durante el conflicto armado interno, la Policía investigó a 124 de sus propios agentes por distintos casos de corrupción, entre ellos denuncias por tráfico de influencias, venta de armamento policial, secuestro extorsivo y cobros ilegales.
Controles internos con limitaciones estructurales
Una fuente cercana a las filas policiales, que solicitó reserva de identidad, advirtió que los mecanismos de control presentan fallas de fondo. "Los mecanismos de control interno son débiles. No existe un sistema de inventario digitalizado de evidencias en las bodegas de Policía Judicial y las auditorías son escasas", señaló.
Según esa misma fuente, el apoyo estadounidense podría representar una oportunidad para modernizar procesos críticos mediante cámaras permanentes, monitoreo digital, alertas tempranas y sistemas de rastreo de evidencias.
Un policía en servicio activo con 21 años en la institución defiende, sin embargo, la capacidad de la Policía para investigarse a sí misma. "La Policía Nacional es la única institución que se autodepura. Un policía no es catimado al momento de atrapar a otro policía", afirma. Al mismo tiempo, reconoce tensiones dentro del sistema: algunas investigaciones terminan involucrando a servidores cuyos vínculos con los sospechosos se reducen a contactos laborales o comunicaciones telefónicas que luego deben aclararse ante jueces.
El mismo uniformado plantea otro problema menos visible: las condiciones laborales. Según relata, muchos policías enfrentan gastos elevados de vivienda, alimentación y defensa legal cuando son sometidos a procesos judiciales, a lo que se suman jornadas extensas, acceso limitado a apoyo psicológico e infraestructura deficiente en algunos destacamentos. "Si usted me pregunta si existe un sistema que proteja completamente a los policías honestos, yo diría que no", sostiene.
Acuerdo Integridad Policial 360 con Estados Unidos
El 2 de octubre de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron el convenio denominado Integridad Policial 360, descrito como uno de los intentos más ambiciosos para fortalecer la supervisión interna de la institución. El acuerdo contempla evaluaciones poligráficas, psicológicas, toxicológicas y financieras, además de digitalización de expedientes y la creación de centros de control y confianza en Guayaquil y Manta.
Varios de los elementos señalados por fuentes internas como necesarios —monitoreo digital, rastreo de evidencias, alertas tempranas— forman parte explícita del convenio.
Expertos advierten ausencia de políticas específicas
Para el experto en seguridad Jean Paul Pinto, el problema ha alcanzado un punto en que amenaza la efectividad de cualquier estrategia estatal. "En el nuevo plan de seguridad no se habla nada del tema. No hay políticas ni estrategias específicas contra la infiltración", señaló.
Pinto considera que fenómenos como las matanzas carcelarias y las filtraciones de información hacia organizaciones criminales son síntomas directos de una infiltración que el Estado no ha abordado con instrumentos concretos. La pregunta que reabre el convenio con Washington sigue sin respuesta definitiva: si los controles internos tienen capacidad real para detectar a tiempo a los agentes que colaboran con el crimen organizado, o si el daño ya está hecho antes de que actúen.
Source: Google News EC — Crime