Crisis de seguridad en Ecuador: homicidios, narco y el plan de Noboa
Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico, con homicidios en alza del 528%. El presidente electo Daniel Noboa promete mano dura y reformas carcelarias.

Violencia y narcotráfico marcan la llegada de Noboa a la presidencia de Ecuador
Mano dura, reformas carcelarias profundas e inversión en tecnología contra el crimen organizado. Eso es, según bbc.com, el plan que el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, propone para enfrentar la crisis de seguridad que sacude al país.
El reto no es menor: Noboa solo estará en el cargo hasta mayo de 2025 y deberá gobernar con una Asamblea Nacional fragmentada, con un número significativo de escaños en manos del correísmo.
Noboa venció en segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González tras un proceso electoral atípico: el presidente saliente, Guillermo Lasso, decretó en mayo la disolución de la Asamblea Nacional mediante el mecanismo constitucional conocido como "muerte cruzada", lo que derivó en elecciones anticipadas. Lasso enfrentaba una posible destitución por supuesta malversación de fondos públicos, acusaciones que él niega. Noboa completará el mandato que le restaba a Lasso, quien ocupó la presidencia desde mayo de 2021.
Una campaña marcada por los asesinatos
La violencia tiñó la campaña electoral de principio a fin. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue baleado durante un mitin en agosto, en el que fue quizás el episodio más grave de una serie de ataques contra figuras políticas. Líder sindical, periodista y diputado, Villavicencio se había lanzado como candidato por el movimiento Construye y era conocido por denunciar la infiltración del narcotráfico en estamentos oficiales del gobierno.
El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue abatido a tiros en julio mientras visitaba una obra pública. En el mismo ataque murió la deportista Ariana Estefanía Chancay, quien se había acercado al funcionario para solicitar ayuda. Ese mismo mes, el candidato a diputado Rinder Sánchez fue baleado cuando cuatro sujetos intentaron supuestamente robarle su vehículo. En febrero, dos aspirantes a alcalde fallecieron en sendos atentados.
Las cárceles, otro frente de la crisis
El 22 de julio, reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, ubicado en Guayaquil —la segunda ciudad más poblada del país y sede del principal puerto ecuatoriano—, se enfrentaron entre sí en un estallido de violencia que dejó 31 fallecidos, según datos de la Fiscalía. Las autoridades desplegaron 2.700 policías y militares para restaurar el orden. Durante los operativos, las Fuerzas Armadas incautaron fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos.
Horas después del motín, presos de 13 de las 35 cárceles del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios. El presidente Lasso respondió imponiendo estados de excepción en distintas zonas del territorio. Muchos analistas cuestionan la eficacia de esa medida frente a la violencia recurrente en las prisiones, que ha dejado más de 400 muertos desde 2021, según Human Rights Watch.
En paralelo, varias ciudades y localidades registraron atentados y ataques con explosivos contra establecimientos comerciales y vehículos.
La ruta del narcotráfico
Las provincias de Esmeraldas, Guayaquil y Manta, en la costa occidental, han concentrado los principales focos de violencia reciente. Allí se encuentran los puertos más importantes del país, infraestructuras estratégicas para las organizaciones criminales, especialmente los narcotraficantes.
La propia Policía Nacional de Ecuador reconoció en un informe publicado en julio que "la principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga". El mismo documento admitió que el escaso control estatal sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones sin apenas revisión.
Desde 2019, la droga incautada en el país casi se triplicó: pasó de 79,5 toneladas a 201 toneladas, según el mismo reporte policial. Ese contexto propició la consolidación de organizaciones criminales nacionales y el establecimiento de bandas internacionales en el territorio ecuatoriano.
Homicidios en alza sostenida
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señaló que en el primer semestre de 2023 el número de homicidios intencionales aumentó un 528% en comparación con el mismo período de 2019. "Al final de 2023, el país puede alcanzar una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes mayor a 35", advirtió el organismo en su informe más reciente.
Las autoridades sostienen que la gran mayoría de los asesinatos están vinculados al narcotráfico. El ministro del Interior, Juan Zapata, rechazó sin embargo que todo el país esté bajo control del crimen organizado. "Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias. El problema está en cinco, que son la ruta de la droga", declaró.
La periodista ecuatoriana Carolina Mella, residente en Guayaquil, discrepa de esa lectura. "La violencia ha comenzado a expandirse en todo el país. En la costa es porque el narcotráfico necesita los puertos, pero en la sierra es porque allí funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito", explicó.
Desde el gobierno saliente atribuyen el auge de la violencia no solo a las organizaciones criminales, sino también a factores estructurales que el nuevo presidente deberá abordar en un mandato de duración limitada y con un parlamento de geometría variable.
Source: Google News EC — Crime