Cuatro niños asesinados en Guayaquil: 16 militares detenidos por desaparición forzada

Cuatro menores de entre 11 y 15 años fueron aprehendidos, torturados y arrojados al río en Guayaquil. Dieciséis militares enfrentan cargos por desaparición forzada.

Cuatro niños asesinados en Guayaquil: 16 militares detenidos por desaparición forzada

Cuatro niños de Guayaquil: torturados y quemados por militares ecuatorianos

Saúl, Josué, Ismael y Steven salieron a jugar al fútbol en la canchita del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. El mayor tenía 15 años; el menor, 11. El 8 de diciembre no regresaron a sus casas. Según informa dw.com, 16 militares los aprehendieron ese día; sus cuerpos calcinados aparecieron flotando en el río el 24 de diciembre.

"Regresa, tenemos que jugar", clamaba uno de sus amigos durante el sepelio, celebrado a finales de diciembre.

Cargos por desaparición forzada

Los 16 militares involucrados han sido formalizados con cargos y se encuentran en prisión preventiva. "Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada", afirma Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador. "Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado", explica.

Bastías señala que las investigaciones deberán determinar si fueron los 16 militares quienes torturaron, quemaron y arrojaron al río a los menores. "Lo más probable es que se inicie una investigación aparte por ejecución extrajudicial", precisa el letrado.

Franklin Ramírez Gallegos, profesor investigador del programa de Sociología Política de FLACSO Ecuador, va más lejos: "Estos asesinatos tienen cada vez más el perfil de un crimen de Estado, en el que están como responsables directos las patrullas".

Respuesta oficial

El Ministerio de Defensa difundió un comunicado en el que reafirma "el compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables". El presidente Daniel Noboa, por su parte, declaró en radio que el gobierno está "del lado de la justicia" y que no encubrirá a ningún involucrado, sea civil, policial o militar. Noboa también sugirió a una comisión que los cuatro menores sean reconocidos como héroes nacionales.

Militarización de la seguridad, señalada como causa

Para Bastías, lo ocurrido no es un hecho aislado. "Hay una sistematización de patrones de graves violaciones a los derechos humanos", sostiene, y cita al menos siete casos de desapariciones forzadas ya registrados en la provincia de Los Ríos. El abogado identifica como causa estructural "la militarización de la seguridad ciudadana" y subraya que existe "una orden, una responsabilidad política, en la movilización sin control para tareas de seguridad ciudadana".

El decreto del 9 de enero de 2024, mediante el cual Noboa declaró la "existencia de conflicto armado interno" y movilizó a las Fuerzas Armadas a escala nacional, es señalado por organizaciones de derechos humanos, intelectuales y activistas como uno de los principales antecedentes del caso. "El decreto de 'guerra interna' de Noboa supuso un momento de legitimación de la estrategia de militarización de la seguridad pública", evalúa Ramírez Gallegos.

Numerosas organizaciones de derechos humanos del país suscribieron un pronunciamiento conjunto en el que atribuyen responsabilidades directas a la política ejecutiva de seguridad: "Los cuatro niños de Malvinas son el rostro de las desapariciones forzadas resultado de la política ejecutiva de seguridad".

Criminalización de la pobreza y perfilamiento racial

Ramírez Gallegos apunta además a una "lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, mediante el cual se da una asociación del color de piel con la peligrosidad y la criminalidad", que habría operado como marco habilitante. Según el sociólogo, parte de la sociedad ecuatoriana "aceptó de algún modo esta estrategia de guerra, bukelizada, de punitivismo, de mano dura".

"La gente ya no cree en el Estado"

Carolina Andrade, politóloga y analista de seguridad entrevistada por dw.com desde Guayaquil, describe una crisis de confianza institucional profunda. "La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública", indica. Andrade subraya también la ausencia de control civil efectivo sobre las fuerzas de seguridad: "No hay un control directo político-civil por parte de las autoridades hacia la fuerza pública, ni militar ni policial".

La analista, integrante de la Red de Politólogas "No sin mujeres", enmarca el caso en el contexto electoral que arrancó el 5 de enero. "Se van a poner en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz", define.

Andrade concluye que es necesario impulsar "una depuración y un fortalecimiento del sistema de justicia" y recuperar "el mando civil de la fuerza pública para fortalecer los controles internos y la transparencia".

Las familias de los cuatro niños de Guayaquil siguen esperando respuestas.

Source: Google News EC — Guayaquil

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