Accidente de Urda: filtración de audios señala a técnico de Atocha en trama de responsabilidades
Unos audios del centro de control de Atocha revelan la orden de un técnico para que el AVE 2080 reanudase marcha normal minutos antes de la colisión en Urda que dejó al menos 69 muertos. El ministro Puente carga las responsabilidades sobre los operarios.

Centro de control de Atocha bajo escrutinio tras filtración de comunicaciones
Según El Mundo, la difusión de grabaciones entre operarios del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha y maquinistas permitió identificar al técnico que ordenó reanudar la marcha normal del AVE 2080 tras el fallo del sistema LZB, apenas horas después del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El controlador, identificado como Martín, dictó la orden a las 08.36 horas el martes. Minutos después, entre las 08.48 y las 08.53, se produjo la colisión fatal con el tren Iryo 6076.
En los audios publicados por El País y Cadena Ser alrededor de las 21.00 horas, Martín consulta hasta en siete ocasiones con colegas antes de emitir la instrucción. «Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha normal», ordena empleando un sistema de identificación numérica. El maquinista del AVE parecía anotar cada indicación mientras el controlador consensuaba el procedimiento con al menos dos compañeros más presentes en el turno.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció poco más de 14 horas después del accidente. Durante una rueda de prensa de 23 minutos, subrayó que «es el centro, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha en unas circunstancias inexplicables» y que «tuvieron un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron». Puente explicó haber revisado «documentación de audio de las comunicaciones entre el centro de control y el tren siniestrado» antes de su intervención ante los medios.
El contraste con su gestión de accidentes anteriores resultó notable. Tras el siniestro de Adamuz en 2025, que se cobró 46 vidas, Puente respondió preguntas durante una hora y 50 minutos. Esta vez, la comparecencia fue sustancialmente más breve y distribuyó responsabilidades de forma más directa hacia los operarios.
La Guardia Civil interrogó al controlador Martín y a todos los miembros del turno en Atocha durante el día. Según los audios, en el CRC había al menos tres personas coordinando las comunicaciones con seis trenes detenidos en el tramo afectado. El procedimiento incluyó una consulta inicial del controlador a sus compañeros: «¿Lo desconecto? BSL, ¿no? Del tirón. Venga, vale». A las 08.41, Martín repitió la fórmula con el tren Iryo, que respondió comunicando que no podía reanudar el sistema y permanecería parado.
La publicación de los audios coincidió con la decisión de la juez instructora del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) de decretar secreto de sumario sobre la causa. Este solapamiento temporal de medidas procesales y filtración de material relevante desencadenó especulaciones sobre el momento de la difusión.
El precedente más reciente de una filtración mediática de alcance comparable fue el que afectó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz, inhabilitado por la revelación de secretos relativos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Organismos de control y fiscales señalaron entonces infracciones graves de confidencialidad procesal.
Tras la difusión de los audios, el controlador Martín valoraba emprender acciones legales contra Adif, la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes. Vox y la organización Manos Limpias ya habían presentado querellas contra Adif. El partido de Santiago Abascal añadió otra denuncia ante el Tribunal Supremo dirigida directamente contra el ministro Puente.
La identificación pública del controlador generó una respuesta sindical unificada. Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Independiente de Funcionarios (CSIF) exigieron el cese de Puente y criticaron que hubiera situado al «eslabón más débil de la cadena» en el centro de las sospechas. Ambos sindicatos cuestionaron la atribución de responsabilidades individuales en un contexto de fallos sistémicos previos que no habían sido abordados públicamente por la administración.
El ministerio no emitió declaración adicional sobre la coordinación interna del CRC ni sobre los procedimientos de validación que debería haber aplicado el sistema de control antes de autorizar cambios en restricciones de velocidad.
Source: El Mundo