Begoña Gómez solicita su absolución antes del juicio con jurado por tráfico de influencias

La esposa de Pedro Sánchez niega haber usado su vínculo matrimonial para crear la cátedra en la Complutense ni haberse enriquecido con el software.

Begoña Gómez solicita su absolución antes del juicio con jurado por tráfico de influencias

La defensa de Begoña Gómez rechaza todos los cargos ante el jurado popular

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado este viernes un escrito de defensa en el que solicita su libre absolución de cara al juicio con jurado al que se enfrentará por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Según informa El Mundo, que ha tenido acceso al documento, la acusada niega de forma íntegra todos los cargos relacionados tanto con la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como con el destino de un software desarrollado en ese marco.

Negación del uso del cargo de su marido

En el escrito, la defensa sostiene que Gómez "no influyó ni ejerció presión moral" sobre el rector o el vicerrector de la Universidad Complutense "ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió". Asimismo, el texto subraya que la dirección de dicha cátedra "no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno" y que ejerció esas funciones "de forma gratuita durante cuatro años".

La Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó la celebración del juicio con jurado, apreció indicios de participación de Gómez en presuntos delitos de tráfico de influencias, tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

El software y la plataforma tecnológica

Respecto a los cargos vinculados al software, la defensa de Gómez afirma que su representada "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió de la plataforma tecnológica ni la destinó a usos privados". El escrito precisa que "la plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM" y que la Universidad "no sufrió perjuicio patrimonial alguno", dado que "los gastos relacionados con el desarrollo de la plataforma se financiaron con las aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras".

La Audiencia Provincial también apreció indicios del delito de malversación de patrimonio público en relación con el destino de ese software. El cargo de apropiación indebida que se le atribuía inicialmente quedó redirigido al de malversación por motivos técnicos.

El papel de la asesora personal Cristina Álvarez

Otro de los ejes del proceso es la actuación de Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez en La Moncloa, igualmente acusada en el juicio. La Audiencia Provincial apreció indicios de malversación por la "utilización para fines privados" de esa funcionaria, "designada como esposa del Presidente de Gobierno".

La defensa argumenta que la función de Álvarez "es de apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente, tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional". El escrito añade que la asesora "no ha desatendido sus funciones" como tal por haber auxiliado a Gómez en cuestiones relativas a la cátedra. Para avalar esta interpretación, la defensa cita entre su documentación las memorias de Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, así como referencias a las labores realizadas por asesores de otros cónyuges de jefes del Ejecutivo.

La acusación pide 13 años de prisión

La acusación popular reclama una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias y once por dos delitos de malversación, uno vinculado al uso del software y otro a la actividad que Álvarez habría desempeñado en tareas profesionales privadas de la esposa del presidente.

La defensa, en cambio, pide la libre absolución y la imposición de costas procesales a la acusación popular y a la parte actora civil, a quienes acusa de "temeraria actuación procesal". De no producirse un adelanto electoral, el juicio con jurado podría celebrarse antes de las próximas elecciones generales.

Source: El Mundo

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