Hacienda mantiene 35 investigaciones abiertas por fraude fiscal en hidrocarburos
La Agencia Tributaria tiene abiertas 35 investigaciones por fraude en el IVA del sector de hidrocarburos, con una deuda global cercana a los 1.500 millones de euros.
Fraude en hidrocarburos: 35 expedientes abiertos y una deuda de 1.500 millones
La Agencia Tributaria mantiene en curso 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos. Según informa Google News ES — Crime (es), el fisco ha endurecido los controles tras detectar un "auge" en este tipo de ilícitos, y ha colocado su erradicación entre sus "objetivos prioritarios" dado "el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública".
El caso más reciente y de mayor repercusión pública es el presuntamente liderado por Víctor de Aldama, empresario, comisionista y corrupto confeso, a quien se le atribuye un papel clave en el desvío de 180 millones de euros del erario público. La causa permanece pendiente de juicio.
Las grandes deudas del sector
Las 35 actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases procesales. Para ilustrar la dimensión del problema, basta con señalar que cinco de los diez mayores morosos del listado anual que publica el fisco son compañías vinculadas a este tipo de fraude, con deudas que suman cerca de 900 millones de euros. Las cifras por empresa son: Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). En conjunto, la deuda global de todas las sociedades implicadas roza los 1.500 millones de euros, sobre un total de 15.400 millones reclamados por la Agencia Tributaria.
La trama Villafuel y sus conexiones
Entre las empresas investigadas figura Villafuel SL, que da nombre a una trama en la que aparece, además de Aldama —condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso Mascarillas, aunque eximido por el Tribunal Supremo de ingresar en la cárcel—, la empresaria Carmen Pano. Esta última declaró haber trasladado 90.000 euros en efectivo hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz, cantidad que, según Pano, pertenecía a Claudio Rivas, propietario de Villafuel.
Rivas afronta dos causas adicionales en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por un presunto fraude de 148 millones de euros en el IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021, y otro expediente relacionado con la sociedad SKT Oil, por un quebranto estimado en más de 70 millones entre 2016 y 2018.
El mecanismo del fraude: empresas pantalla y precios más baratos
El método empleado era, en términos generales, relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores constituían sociedades pantalla que adquirían combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Esa operativa les permitía ofrecer el carburante a precios inferiores a los del mercado, lo que les reportaba cuota de mercado a costa de sus competidores y del erario público.
La trama de los hidrocarburos se ha entrelazado con la política española a través del denominado caso Koldo, hasta el punto de que resulta difícil trazar con precisión los límites entre uno y otro asunto.
Nuevos controles desde 2023
Ante el crecimiento sostenido del fraude, el Gobierno optó por reforzar los requisitos para operar como mayorista en el sector. Hasta 2023, las empresas únicamente debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, y era la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba el listado de operadores al por mayor activos.
Ese año, el Ministerio para la Transición Ecológica asumió esas competencias y, de forma simultánea, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), al reconocer que "las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector". A través del Redef, los titulares de los depósitos fiscales pasaron a ser responsables subsidiarios en caso de deuda, siempre que hubieran permitido la extracción de combustible por parte de operadores no incluidos en el registro.
La primera versión del listado incorporó a compañías que ya estaban siendo investigadas por fraude al IVA, por lo que hubo que depurar el registro hasta bien entrado 2024. Según la Agencia Tributaria, desde entonces "el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria".
La 'solución italiana' y el adelanto del IVA
Con la reforma fiscal de 2024, Hacienda introdujo la denominada 'solución italiana', que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA —mediante avales o un adelanto— antes de la salida del combustible del depósito, y no meses después. Solo las empresas reconocidas como 'confiables' pueden quedar exentas de esta exigencia. La medida busca evitar que las sociedades desaparezcan sin abonar los impuestos correspondientes.
El sistema entró en vigor el pasado 1 de febrero. Fuentes del fisco señalan que los resultados "están siendo muy positivos", ya que permiten una detección temprana del fraude en caso de producirse.
Los formularios que deben cumplimentar los operadores del sector están actualmente en proceso de actualización. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en junio una consulta para revisar esos documentos, con el objetivo de incorporar las nuevas categorías de combustibles y mejorar los instrumentos de lucha contra el fraude.
Source: Google News ES — Crime (es)