Presunto fraude en la desaladora de Escombreras: el juicio se aplaza hasta 2027 tras 9 años
El caso de corrupción en torno a la desaladora de Escombreras acumula nueve años de instrucción y el juicio de la pieza principal no se celebrará antes de septiembre de 2027.
El caso 'La Sal' lleva nueve años enquistado en los juzgados de Cartagena
El colapso de la Administración de Justicia en la Región de Murcia ha retrasado hasta el 15 de septiembre de 2027 el juicio por la supuesta trama de corrupción vinculada a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras, según informa Google News ES — Crime (es) a partir de información publicada por La Verdad. La pieza que afecta al expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel acumula así una demora que ya preocupa a la Fiscalía por el riesgo de reducción de penas.
Valcárcel afronta una petición de 11 años y medio de prisión por parte del Ministerio Público, que le acusa de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación en el contrato de arrendamiento para la adquisición de la planta por parte de la Comunidad de Murcia.
Cerdá y otros catorce acusados, sin fecha de juicio
El grueso del llamado 'caso La Sal' afecta al exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, contra quien la Fiscalía solicita 14 años de cárcel, y a otros catorce acusados. Este bloque principal del procedimiento sigue sin fecha de vista oral debido a la saturación de la agenda de la Audiencia Provincial de Murcia.
El procedimiento, que investiga el incremento del coste de la planta desde los 175 millones de euros iniciales hasta los 600 millones, se inició en 2016. El instructor acordó abrir juicio oral en 2024. Fuentes de la Fiscalía apuntan a la posibilidad de que la pieza de Cerdá se acumule a la de Valcárcel y ambas se juzguen de forma conjunta en septiembre de 2027.
Nueve años de instrucción por fraude a tres organismos
Paralela a esta causa, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena se instruye desde hace nueve años otro asunto relativo a la desalinizadora: el de los presuntos fraudes cometidos por responsables de Tedagua, empresa concesionaria de la gestión de la planta entre 2007 y 2016. Según las investigaciones, los perjuicios habrían alcanzado hasta 120 millones de euros a las arcas de la Comunidad, unos 200.000 euros al Estado y 1,9 millones a la aseguradora Generali Seguros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en mayo de 2024 indicios de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental en un informe elaborado a petición del juzgado cartagenero. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un exempleado de la desaladora —él mismo investigado por supuestos cobros ilegales a proveedores—, posteriormente ampliada por la Fiscalía Superior.
La Fiscalía pide por tercera vez reactivar la causa
Por tercera vez —la segunda en menos de dos años— la Fiscalía de Área de Cartagena ha solicitado al juzgado que reactive el procedimiento con un impulso definitivo. Así lo confirmó a La Verdad el fiscal jefe de la zona, David Campayo. Su predecesora, Carmen de la Fuente, realizó la misma petición ante las demoras acumuladas en un órgano que ha experimentado varios cambios de juez desde 2017.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de la Región remitió al juzgado un informe que detalla indicios de criminalidad contra dos empleados de Tedagua: A. R., jefe de administración, y M. G., jefe de planta. La empresa perteneció hasta 2021 al grupo ACS a través de su filial Cobra.
Facturas amañadas y subvenciones en el punto de mira
Los investigadores analizaron el presunto amaño de facturas para justificar el cobro de subvenciones regionales destinadas a cubrir gastos de explotación de la planta de Escombreras, cuando en realidad correspondían a costes de instalaciones de Tedagua en Badajoz, Rumanía, Argelia y Túnez. También se examinan ayudas del Ministerio de Economía para un proyecto de innovación en 2010 y una compensación de Generali Seguros por un incendio del mismo año. A la vista de este informe, el juzgado debe decidir si abre juicio oral o archiva la causa.
La UDEF detalló además las presuntas maniobras ejecutadas desde Tedagua para cobrar una subvención de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación por un proyecto de I+D. «Dicho proyecto se realizó deficientemente y sin intención de ser usado, puesto que la intención fue retirarlo en cuanto se concediera la subvención», concluye la Policía en su informe.
El vídeo viral de los billetes y la denuncia por mordidas
El juzgado de Cartagena instruye también diligencias por un presunto delito de corrupción entre particulares y contra la Seguridad Social relacionado con un exempleado de la planta. Un proveedor autónomo le denunció por exigirle el pago de comisiones para adjudicarle trabajos de pintura en las instalaciones. El denunciante grabó con su teléfono el momento en que entregaba, supuestamente, 4.500 euros en metálico —equivalente al 3% de la factura pendiente— y cómo el empleado contaba los billetes.
Las imágenes, difundidas en abril de 2016, se hicieron virales en los medios de comunicación. El empleado fue detenido tras su difusión. En su declaración ante el juzgado negó haberse enriquecido con mordidas y sostuvo que se limitó a seguir instrucciones de sus superiores. Aportó correos electrónicos y documentos digitales que, según fuentes del caso, probarían que Tedagua burló los controles del Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad y que funcionarios autonómicos habrían actuado con connivencia a cambio de regalos y otras compensaciones.
El denunciado, por su parte, negó las acusaciones y se ofreció a colaborar con la Fiscalía para desmontar la supuesta trama, de la que afirmó haber sido víctima a causa de discrepancias internas en la empresa.
Source: Google News ES — Crime (es)