Corrupción policial en Perú: el crimen organizado infiltra las instituciones del Estado
El 88% de peruanos cree que la corrupción aumentó en los últimos cinco años. Fiscales investigan redes de extorsión dentro de la Policía Nacional.
Cuando la Policía es el problema: captura institucional y crimen organizado en Perú
Según expreso.com.pe, un análisis del especialista Jorge Céliz Kuong advierte que la inacción política y la corrupción interna están erosionando el control del Estado peruano frente a la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional.
En América Latina, el crimen organizado ya no opera únicamente con armas o rutas clandestinas. Su ventaja decisiva llega cuando logra penetrar las instituciones encargadas de perseguirlo. En Perú, esa realidad plantea una pregunta concreta: cómo puede garantizar seguridad un Estado cuando parte de su aparato policial responde a intereses criminales.
Cifras que reflejan la crisis de confianza
Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes al período octubre 2025–marzo 2026 muestran que el 59,6% de la población identificó la corrupción como uno de los principales problemas del país, mientras que el 53,6% señaló la delincuencia. La encuesta de Proética de 2025 añadió otro indicador: el 88% de los encuestados consideró que la corrupción había aumentado durante los cinco años anteriores.
Estas cifras expresan percepciones, no pruebas de responsabilidad individual. Sin embargo, las investigaciones fiscales registran casos concretos. En abril de 2026, el Ministerio Público informó la detención preliminar de cuatro policías en actividad investigados por integrar una presunta red de extorsión en San Martín. Ese mismo mes, otros cuatro efectivos fueron detenidos en Huaura por presuntos delitos que incluían extorsión y cohecho.
La corrupción que asciende en la cadena de mando
El problema adquiere otra dimensión cuando la corrupción alcanza los mecanismos de nombramiento, ascenso y asignación de destinos. Las denuncias de interferencia política y comercialización de cargos requieren investigación rigurosa, sin convertir sospechas en condenas. El incentivo perverso, no obstante, resulta evidente: quien obtiene un cargo mediante favores puede terminar respondiendo a sus patrocinadores antes que a la ciudadanía.
Así se configura la captura institucional. Una coima en la calle perjudica a una persona; la protección de una red criminal compromete territorios enteros. Si se filtra información operativa, se manipulan investigaciones o se brinda cobertura a economías ilegales, el Estado no solo pierde eficacia: facilita la expansión del delito y encarece la actividad económica formal.
El Estado sabe del problema, pero no actúa
Lo más crítico, según el análisis, es que el Estado conoce el problema. Existen diagnósticos oficiales, investigaciones fiscales, denuncias periodísticas, encuestas y alertas de organismos especializados. Lo que falta no es información, sino decisión. La rotación constante de mandos y el cálculo político han permitido que la corrupción sea administrada como una molestia en lugar de enfrentarla como una amenaza estratégica.
La respuesta tampoco puede reducirse a purgas indiscriminadas ni a una mayor presencia militar. Ambas salidas ofrecen señales políticas inmediatas, pero pueden debilitar capacidades profesionales y controles democráticos. La Policía conserva personal que cumple su deber en condiciones difíciles; una reforma seria debe protegerlo y distinguir responsabilidades individuales de fallas sistémicas.
Reforma institucional: ascensos verificables y supervisión civil
La prioridad identificada en el análisis es reconstruir incentivos y controles. Los ascensos deben sustentarse en expedientes verificables, evaluaciones externas y criterios públicos. Los altos mandos necesitan controles patrimoniales proporcionales, seguimiento de conflictos de interés y rotación justificada en puestos expuestos a rentas ilícitas. La Inspectoría requiere autonomía funcional, protección para denunciantes y supervisión civil independiente.
También corresponde medir resultados más allá de las detenciones: sanciones firmes, investigaciones concluidas, recuperación de activos y confianza ciudadana. Sin coordinación efectiva con fiscales y jueces, cualquier reestructuración quedará en el papel. La continuidad de las políticas importa tanto como su diseño, dado que los cambios frecuentes de mando dificultan cualquier evaluación real.
Una exigencia concreta al Gobierno, el Congreso y la Policía
El análisis concluye que la seguridad nacional comienza por la integridad de quienes ejercen la fuerza legítima. El Gobierno, el Congreso y la propia Policía deberían aprobar un programa público, calendarizado y verificable de reforma institucional, con metas, presupuesto y responsables identificables. Anunciar comisiones o prometer tolerancia cero no resulta suficiente: deben existir consecuencias concretas para quienes encubren, compran o permiten la captura del Estado.
Recuperar la Policía, concluye Céliz Kuong, exige decisiones técnicas sostenidas, control civil y cooperación judicial, no lealtades partidarias ni campañas pasajeras. El control soberano se demostrará cuando ninguna red privada pueda comprar la autoridad pública.
Source: Google News PE — Crime