Santiago Peña destituido y detenido en Paraguay tras colapso del Ueno Bank
El Senado paraguayo votó por unanimidad la destitución de Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026, tras el colapso del Ueno Bank. Horas después, la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria.
Senado paraguayo aparta a Peña por unanimidad y la Fiscalía ordena su arresto
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido y posteriormente detenido por orden de la Fiscalía el 6 de noviembre de 2026, en medio de una grave crisis política y financiera provocada por el colapso del Ueno Bank, según informa billieparkernoticias.com. La institución financiera digital dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y puso bajo cuestionamiento el manejo de recursos públicos durante su administración.
Los 44 senadores presentes votaron por unanimidad la separación del mandatario por mal desempeño de sus funciones, en un procedimiento que se desarrolló en ausencia del propio gobernante. Con esta decisión, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente paraguayo apartado mediante juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. El primer antecedente fue Fernando Lugo, quien perdió el cargo en junio de 2012 tras un controvertido proceso parlamentario.
Pedro Alliana asumió de inmediato la Presidencia de la República.
El colapso de Ueno Bank, origen de la crisis
El detonante del conflicto fue la intervención del Ueno Bank, una entidad financiera digital que había crecido de forma acelerada hasta reunir aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de alrededor de 6,1 millones de habitantes. Tras enfrentar graves problemas de liquidez, sus usuarios quedaron imposibilitados de retirar efectivo, realizar operaciones con tarjetas o disponer de sus depósitos con normalidad.
El impacto resultó especialmente grave porque entre los fondos comprometidos se encontraban recursos de organismos públicos y ahorros vinculados al sistema de previsión social. Durante la administración de Peña, distintas instituciones estatales depositaron en Ueno más de 800 millones de dólares, según información difundida durante la crisis. Los legisladores cuestionaron que se concentrara patrimonio público en una entidad que posteriormente fue intervenida.
Uno de los puntos más sensibles fue la presencia de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de administrar los recursos destinados a las jubilaciones y la seguridad social de miles de trabajadores paraguayos. La situación generó una crisis de confianza hacia el sistema bancario y el Gobierno, con pensionados y trabajadores exigiendo explicaciones sobre el destino de sus aportaciones.
El juicio político que la renuncia no pudo detener
La Cámara de Diputados aprobó el 5 de noviembre iniciar el juicio político contra Peña con 78 votos favorables y ninguno en contra, designando además a los fiscales acusadores. En medio de la presión, el mandatario anunció que había presentado su renuncia a la Presidencia, argumentando que no deseaba convertirse en un factor de mayor inestabilidad para el país.
Sin embargo, el procedimiento de renuncia no se concretó por la vía legislativa y el Senado continuó con el proceso. El 6 de noviembre, los senadores analizaron los señalamientos y los argumentos de la defensa, representada por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Tras la deliberación, los 44 senadores presentes declararon a Peña culpable de mal desempeño de sus funciones y aprobaron su separación inmediata del cargo.
La destitución tuvo además consecuencias sobre su situación constitucional: al ser apartado mediante juicio político, Peña perdió la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes electos, con las excepciones previstas para quienes hayan sido declarados culpables.
Detención domiciliaria e investigación penal en curso
Horas después de la destitución, la Fiscalía paraguaya ordenó la detención de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras. Peña quedó bajo arresto domiciliario en su residencia de Asunción, mientras que Carvallo fue puesto bajo custodia policial en dependencias determinadas por las autoridades.
Las conductas investigadas incluyen posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. Las autoridades también buscan determinar si existieron decisiones orientadas a favorecer a Ueno mediante el manejo de recursos estatales y posibles omisiones en la supervisión de sus operaciones. Carvallo había sido designado al frente del Banco Central durante la administración de Peña y anteriormente estuvo vinculado a la entidad financiera que dio origen a Ueno.
El sábado 7 de noviembre, el expresidente compareció ante la Fiscalía para responder a las preguntas de los investigadores. La investigación penal continúa abierta y las autoridades deben aún determinar los cargos específicos que podrían formularse en su contra. Peña ha rechazado haber cometido irregularidades.
Source: Google News CL — Santiago