Red de corrupción policial en San Bernardino: 90 detenidos tras siembra de droga y extorsiones
La resistencia de un comerciante a pagar soborno desencadenó la intervención del comando PNB de San Bernardino, en Caracas, dejando al descubierto una red de siembra de evidencias, extorsión y narcotráfico.
Caso PNB San Bernardino: cómo un comerciante detonó la caída de una red criminal dentro de la policía
La negativa de un comerciante detenido en Petare a pagar una extorsión policial desencadenó, según reporta elpitazo.net, una investigación judicial que terminó con la intervención del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Bernardino, Caracas, la destitución de fiscales de flagrancia y el hallazgo de cargamentos de droga desviados hacia el mercado negro. Hasta el momento hay al menos 90 personas detenidas.
Los funcionarios capturaron al ciudadano bajo la acusación de poseer 300 gramos de marihuana cripy y exigieron dinero para no procesarlo formalmente. El detenido rechazó el pago y solicitó que el expediente fuera trasladado al Ministerio Público (MP) para defender su inocencia ante los tribunales.
El caso llegó a la audiencia preliminar del 26 de agosto ante el Tribunal 34° de Control de Caracas, presidido por la jueza María Gabriela Cardozo. La defensa invocó la doctrina del fruto del árbol envenenado, argumentando que las tres planillas de registro de cadena de custodia presentadas por la PNB carecían de testigos, tenían vicios penales y violaban el Manual Único de Custodia.
Ante la ausencia de pruebas válidas, la jueza Cardozo dictó el sobreseimiento definitivo y ordenó la libertad plena del comerciante, señalando además que la Fiscalía no había subsanado los errores detectados. El fiscal 91° del MP, Wilmer Becerra, apeló la decisión en la misma sala con efecto suspensivo, congelando la boleta de excarcelación mientras el expediente escalaба en el sistema judicial.
La irregularidad que alertó al presidente del circuito penal
El caso atrajo la atención del Dr. Jhon Enrique Parody Gallardo, nuevo presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien asumió el cargo con el respaldo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Al revisar el expediente, Parody Gallardo detectó que el fiscal se negaba a presentar una planilla clave de la cadena de custodia.
El seguimiento riguroso de ese documento reveló que decenas de planillas de incautaciones tramitadas por el mismo comando de San Bernardino compartían el mismo destino irregular: la droga decomisada desaparecía del radar judicial sin que su paradero quedara registrado.
Mientras la investigación administrativa avanzaba, la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas —presidida por la jueza Hennit Carolina López Mesa, junto a los magistrados Álvaro J. Martínez Flórez y Evelyn Borrego Navarro, con asistencia del secretario Tuval R. Villanueva— resolvió la apelación del fiscal el 28 de agosto. La Corte revocó la libertad del comerciante, argumentando que los errores en el llenado de las planillas no destruían el valor probatorio si existían experticias químicas que confirmaran la sustancia.
Para ese momento, sin embargo, las autoridades judiciales ya habían establecido que las planillas mal llenadas no eran descuidos aislados, sino un mecanismo deliberado para generar vacíos legales en los expedientes, extorsionar a los ciudadanos y retener la droga para su posterior venta.
Intervención del 19 de septiembre: una tonelada de cripy y motocicletas con seriales limados
La gravedad de los hallazgos motivó un despliegue que no se delegó al Conas, sino al Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), a la Dirección Antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Brigada de Acciones Especiales (BAE).
Al allanar la sede de la PNB en San Bernardino el 19 de septiembre, las comisiones encontraron a tres civiles retenidos en el comando sin haber sido reportados a los jueces. La pesquisa confirmó que los policías habían incautado previamente una tonelada de cripy en panelas a ocho personas, pero en lugar de consignar el cargamento, ocultaron el procedimiento y utilizaron el propio comando como centro de distribución. Para la noche de la intervención, ya habían comercializado entre 400 y 500 panelas.
El operativo forzó el desalojo del comando y el arresto de su director, Juan Romero, sometido posteriormente a interrogatorios. En el lugar las autoridades confiscaron media tonelada de droga restante y 45 motocicletas con las siglas de la PNB cuyos seriales de chasis y motor aparecían completamente limados, irregularidad que quedó en manos de la Contraloría.
Fiscales destituidos y extensión de las pesquisas a materiales estratégicos
La intervención penal derivó en la destitución de los fiscales asignados a la Sala de Flagrancia del Circuito Judicial Penal de Caracas. La investigación, conducida por la Fiscalía 7ma Nacional, determinó que esos funcionarios operaban en complicidad directa con la PNB de San Bernardino: se trasladaban al comando policial para tomar declaraciones a los investigados y ordenar libertades de forma directa tras el cobro de extorsiones, evitando así que los detenidos comparecieran ante el palacio de justicia.
Según informó elpitazo.net, el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz extendió las pesquisas al detectar la desaparición de más de un billón de toneladas métricas de materiales estratégicos decomisados desde la promulgación de su ley especial, entre ellos cabillas, cemento, acero y aluminio que debían permanecer bajo custodia del Estado y cuyo paradero se desconoce.
La sede de la PNB de San Bernardino permanece custodiada por comisiones del Cicpc y la Guardia Nacional mientras el proceso penal avanza hacia los mandos superiores que habrían amparado la red. Las autoridades no han emitido una versión pública oficial sobre el caso.
Source: Google News VE — Caracas