Fiscal Mariaca bajo investigación policial por 10 meses y rastro de más dinero en Bolivia

La Policía investiga al fiscal Mariaca desde hace 10 meses por narcotráfico. Tras secuestrarse más de Bs 4 millones, autoridades buscan más recursos en inmuebles vinculados al caso.

Fiscal Mariaca bajo investigación policial por 10 meses y rastro de más dinero en Bolivia

Policía sigue el rastro del dinero en el caso Mariaca tras 10 meses de investigación

El hallazgo de más de Bs 4 millones en efectivo —distribuidos entre Santa Cruz y Sucre— podría representar solo una fracción de los recursos que buscan las autoridades bolivianas en el marco de la investigación contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca. Según informó El Deber, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que Mariaca era investigado desde hace diez meses.

"En este caso, el fiscal general del Estado no tiene juicio de privilegio por estar cometiendo delitos de narcotráfico", remarcó Oviedo, quien además aseguró que existen evidencias de su participación como cabeza de una organización criminal, no solo como integrante de la misma.

Aprehensión y capturas asociadas

Mariaca fue aprehendido el 28 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, por agentes de un grupo especializado de Inteligencia de la Policía Boliviana. En la misma jornada fue capturado el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, considerado parte del círculo de confianza de Mariaca.

A raíz del operativo, 12 personas más fueron detenidas: policías, fiscales y funcionarios del Ministerio Público relacionados con una ambulancia en la que se encontró el primer alijo de billetes. Ese vehículo fue interceptado el 28 de septiembre con Bs 3.532.100 y $us 10.000, monto que la Fiscalía confirmó oficialmente. En Sucre, un operativo paralelo reportó más de Bs 1 millón en el domicilio del edecán del fiscal general investigado.

Inmuebles vigilados, allanamientos pendientes

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que efectivos policiales ya se encontraban desplegados frente a varios inmuebles vinculados a los detenidos, pero que no pudieron ingresar por la falta de actuaciones fiscales y órdenes judiciales, demoradas por el impacto institucional del caso.

"Tenemos una cantidad enorme de elementos policiales a través del Ministerio de Gobierno en diferentes casas de todas las personas que han sido aprehendidas, pero no han podido ingresar", afirmó Justiniano. Entre los inmuebles mencionó propiedades relacionadas con el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien huyó tras el operativo del 28 de septiembre. "Sabíamos que había en esa casa dinero y sabemos que hay más dinero", insistió el ministro.

El lunes asumirá José Armando Urioste como fiscal interino, y el Gobierno espera que con su designación se reactiven todas las acciones investigativas.

Vínculos con la crisis política y el financiamiento de bloqueos

El ministro Oviedo amplió el alcance de la investigación al señalar que la organización liderada por Mariaca habría intervenido en la crisis de los 53 días que puso en jaque al gobierno de Rodrigo Paz. Relacionó además esa hipótesis con más de Bs 8 millones detectados en pesquisas sobre el financiamiento de los bloqueos, además del dinero incautado esta semana.

El vocero presidencial José Luis Gálvez fue más lejos al denunciar que el narcotráfico financió, mediante sobornos, decisiones políticas, incluida la elección de Mariaca en 2024, durante la última gestión del MAS en el poder.

La postura de Mariaca y su defensa legal

Mariaca guardó silencio en un primer momento, pero luego aseguró que demostraría el origen legal de los recursos, según fuentes policiales consultadas por El Deber. Su equipo de abogados presentó un recurso de libertad que no prosperó. Al momento de su detención, le fueron requisados un celular de alta gama y un reloj suizo, entre otras pertenencias de valor.

La señalización de Estados Unidos

Apenas dos días antes de su detención, Estados Unidos había señalado a Mariaca bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, por su participación en corrupción significativa. Washington lo acusa de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia.

Robert Evan Ellis, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y exfuncionario del Departamento de Estado, explicó que la información utilizada para una decisión administrativa puede, en determinados casos, alimentar una investigación penal o incluso una solicitud de extradición. No obstante, Ellis aclaró que no tiene conocimiento directo de que exista un proceso penal en curso contra Mariaca.

Sobre el eventual intercambio de información entre Washington y La Paz, Ellis precisó que no existe un plazo diplomático fijo para responder. "Siempre hay una rapidez de comunicar cuando es posible", señaló, aunque indicó que antes deben evaluarse quién posee la información, qué puede entregarse y quién la recibirá en Bolivia.

Estados Unidos divulgó la revocatoria de visado de 13 ciudadanos, entre ellos Mariaca. De esa lista, nueve son operadores de justicia; sus casos fueron consultados a través de la Cancillería boliviana. Ellis advirtió que Washington puede reservar elementos si su divulgación pudiera perjudicar un eventual proceso judicial: "Hay que evaluar qué podemos comunicar con ustedes respetando su proceso, pero sin poner nuestras fuentes, métodos y procesos en jaque".

Source: El Deber

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