ONU exige justicia por asesinato del magistrado Víctor Claure en Santa Cruz
Expertos de la ONU exigen al Gobierno boliviano investigar el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Claure Hinojoza, ocurrido el 30 de abril en Santa Cruz.
Expertos de la ONU piden juicio por la muerte del magistrado agroambiental en Bolivia
Según laradiodelsur.com.ve, expertos de la ONU exigieron este 8 de septiembre de 2026 desde Ginebra que el Gobierno de Bolivia garantice que los responsables del asesinato del magistrado Víctor Claure Hinojoza sean llevados ante la justicia, que se esclarezcan los motivos del crimen y que la familia de la víctima reciba reparación.
Claure, decano del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, fue asesinado el 30 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Dos individuos que circulaban en motocicleta le dispararon cuatro balas a quemarropa; el magistrado falleció en el lugar de los hechos. Antes de convertirse en juez, Claure había desarrollado su trayectoria en el servicio público técnico del sector agrario y como defensor de derechos ambientales.
"Este brutal asesinato constituye un grave ataque a la independencia judicial, al derecho al ambiente sano y al Estado de derecho", señalaron los expertos. "Instamos a las autoridades bolivianas a que lleven a cabo una investigación eficaz e independiente, que lleven a los responsables ante la justicia, se aseguren de aclarar los motivos del crimen y de implementar medidas de no repetición".
Casi cuatro meses después del crimen, cuatro personas han sido detenidas como sospechosas de haber recibido y guardado la motocicleta utilizada por el sicario. Sin embargo, ni el ejecutor del asesinato ni quien lo ordenó han sido capturados.
Los expertos calificaron el hecho como un aparente asesinato por encargo que podría estar vinculado con las funciones oficiales del magistrado. En los meses previos a su muerte, Claure había trabajado en casos sensibles relacionados con la minería ilegal, los incendios forestales y el acaparamiento de tierras.
"Las consecuencias del asesinato son devastadoras, no solo para el poder judicial y el Estado de derecho de Bolivia, sino también para la familia de la víctima", afirmaron. "Las autoridades bolivianas deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la rendición de cuentas y para proteger a los miembros del poder judicial".
Los expertos advirtieron además que los ataques o actos de intimidación contra actores judiciales involucrados en la protección de derechos ambientales pueden menoscabar tanto la independencia judicial como la realización efectiva de derechos humanos. "El asesinato de un juez tiene un inevitable efecto disuasorio en todo el poder judicial si no va seguido de una investigación eficaz, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables", indicaron.
En cuanto a la familia del magistrado, los expertos instaron al Gobierno boliviano a garantizar que reciban asistencia para vivir con seguridad y disfrutar de un nivel de vida digno. Entre las medidas solicitadas figuran pensiones de supervivencia, becas educativas, indemnización por muerte violenta en cumplimiento del deber y apoyo inmediato para los gastos del funeral.
"Los riesgos a los que se enfrentaba el magistrado debido al tipo de casos que llevaba no son aislados: el poder judicial necesita una protección eficaz al abordar cuestiones ambientales", subrayaron los expertos, quienes ya han comunicado formalmente sus preocupaciones al Gobierno de Bolivia.
"Es responsabilidad de los Estados garantizar y proteger la vida y la libertad de quienes ejercen funciones judiciales, tanto en su calidad de funcionarios como de personas individuales", concluyeron.
Source: Google News BO — Crime