Juzgado admite demanda civil contra policía infiltrada que sedujo a activista catalán
Un juzgado de Girona tramita la demanda de un activista contra una agente de policía que fingió una relación romántica para espiarle. Reclama 152.220 euros por daño moral y vulneración de intimidad.
Caso de infiltración policial avanza por vía civil tras cierre de investigación penal
El juzgado de primera instancia número 3 de Girona ha admitido a trámite la demanda civil interpuesta por Òscar Campos, activista y exmiembro de Òmnium Cultural, contra Maria I.T., una agente de la Policía Nacional que mantuvo con él una relación de pareja durante dos años para infiltrarse en el movimiento independentista catalán. Según elsaltodiario.com, Campos solicita una indemnización de 152.220,54 euros por daño moral y perjuicio psicológico derivado de la infiltración no autorizada.
La agente, descubierta como la cuarta espía de la promoción de 2019, construyó una identidad falsa y estableció convivencia con Campos entre 2020 y 2022. Durante este período, Campos conoció a la madre de la funcionaria, quien también participó activamente en la vida del espiado, compartiendo momentos íntimos y manteniendo relaciones telefónicas estrechas con su entorno. El caso alcanzó notoriedad mediática cuando la propia agente reconoció el espionaje en el documental Infiltrats, una admisión poco frecuente en este tipo de operaciones.
La demanda argumenta que la infiltración vulneró el artículo 18 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos relativos al derecho fundamental a la intimidad. Campos sostiene que fue "cosificado" como instrumento para obtener información, acceso que nunca habría sido posible si hubiera conocido la verdadera identidad de la agente. La operación le permitió a la policía acceder a detalles sobre Òmnium Cultural, movimientos sociales y políticos, e incluso estuvo presente en al menos dos encuentros entre Campos y sus abogados.
Desde 2023, según la demanda, Campos padece "profundo malestar psicológico y emocional derivado de un engaño sostenido en el tiempo", que ha afectado su confianza personal, estabilidad emocional y capacidad de relación. El documento judicial señala que el engaño prolongado por más de dos años provocó "una ruptura intensa de sus esquemas afectivos y de confianza básica" e incidió directamente contra su dignidad.
La demanda fundamenta el derecho a la intimidad no como un "simple espacio de reserva individual", sino como "condición indispensable para que la persona pueda desarrollar libremente su personalidad, preservar su autonomía moral y mantener control sobre las dimensiones más personales de su vida". Sin este espacio protegido de intromisiones externas, la demanda indica que la persona queda expuesta a la cosificación y pérdida de autonomía, incompatible con el respeto a su dignidad.
La ley española regula la figura del agente encubierto para investigar delincuencia organizada, exigiendo autorización previa y control judicial. Sin embargo, en el caso de Campos no existía procedimiento alguno que autorizara a la agente a actuar con identidad falsa e infiltrarse en su vida personal, política y asociativa. El Ministerio del Interior ha argumentado que estos policías son "agentes de inteligencia", una figura no regulada legalmente, intentando así eludir las garantías que exige una actuación policial tan invasiva.
La vía civil se abre como complementaria a la penal tras el cierre de la investigación sin que se determinaran responsabilidades. El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso de amparo presentado contra la decisión de la justicia española de no investigar la actuación de la agente infiltrada. En paralelo, la Fiscalía archivó la causa penal argumentando que la relación sentimental fue "consentida durante su vigencia", aunque Campos la considera viciada por el engaño fundamental sobre la identidad de la agente.
Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, ha justificado la demanda civil como necesaria ante la pasividad judicial. "Después de que la vía penal se cerrara sin hacer ninguna investigación, tenemos que utilizar todas las vías disponibles para defender los derechos fundamentales vulnerados", indicó. Antich criticó tanto las infiltraciones como la falta de voluntad de la judicatura española para aclarar responsabilidades, describiéndolas como "totalmente improcedentes e ilegales" y "prácticas tan degradantes e inhumanas".
Source: Google News ES — Crime (es)