Fiscales Mariaca y Lanchipa en lista negra de EEUU por vínculos con narcotráfico
EEUU restringió visas a los dos últimos fiscales generales de Bolivia por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción. Mariaca fue detenido en Santa Cruz días después del anuncio.
Los dos últimos fiscales generales de Bolivia bajo escrutinio de Washington
Los dos últimos fiscales generales de Bolivia, Roger Mariaca y Juan Lanchipa, enfrentan restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, según informa infobae.com. Las medidas forman parte de una ofensiva del Departamento de Estado que ha alcanzado a diversas autoridades y exfuncionarios bolivianos.
A finales de septiembre, Washington difundió una primera nómina que incluía a Mariaca, al que acusó de facilitar el narcotráfico y de ayudar a delincuentes a evadir la justicia. Dos días después de ese anuncio, Mariaca fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz. El Gobierno boliviano lo acusa de encabezar una "organización criminal" dentro de la Fiscalía, "destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".
Mariaca, de 38 años, fue fiscal departamental de Santa Cruz antes de ser elegido en 2024 por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa para dirigir la institución a nivel nacional, con un mandato de seis años. Su designación estuvo acompañada de acusaciones de compra de votos que nunca llegaron a probarse, aunque el respaldo transversal de todas las bancadas legislativas generó sospechas en los círculos políticos.
Lanchipa, el antecesor, también incluido en la lista negra
Este jueves, el gobierno de Donald Trump amplió las restricciones migratorias contra ciudadanos bolivianos e incluyó al exfiscal Juan Lanchipa, quien dirigió el Ministerio Público entre 2018 y 2024, durante las gestiones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce.
La gestión de Lanchipa estuvo marcada por cuestionamientos sobre la independencia de la Fiscalía y el manejo de causas de alto perfil político. Elegido en 2018 con el voto mayoritario del Movimiento Al Socialismo (MAS), ajustó su conducta a los sucesivos cambios de poder.
Tras la caída de Morales en 2019, Lanchipa impulsó procesos judiciales contra exautoridades del MAS, encarceló ministros y llegó a emitir una orden de aprehensión contra el exmandatario por sedición y terrorismo. Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia durante el gobierno interino de Áñez, describió así aquel encuentro en una entrevista con la radio Erbol:
"A los dos o tres días que asumimos, yo fui a una reunión y le dije que nosotros no confiábamos en él. Se lo dije en su cara: 'Sr. Lanchipa, nosotros no confiamos en usted'. Le dije que si yo pudiera le pediría su renuncia, pero era inconstitucional (…) ¿Sabe qué me dijo? A sus completas órdenes el Ministerio Público."
Meses después, cuando Luis Arce ganó las elecciones y el MAS retomó el poder en noviembre de 2020, los procesos contra Morales fueron archivados por la misma Fiscalía. Bajo la gestión de Lanchipa se inició entonces la persecución judicial contra figuras del gobierno interino, incluida la expresidenta Áñez y dos de sus ministros, además de otros exfuncionarios de rango menor.
Alcance más amplio de las medidas de Washington
La nueva nómina difundida por Estados Unidos también incluye a diputados, fiscales, jueces y otros funcionarios y exfuncionarios de alto rango. Washington sostiene que las restricciones apuntan a personas que, mediante presuntos actos de corrupción o actividades ligadas al narcotráfico, socavan las instituciones democráticas de la región.
El caso de ambos exfiscales pone en cuestión la capacidad de las instituciones bolivianas para evitar redes de protección al narcotráfico dentro del aparato estatal, en un momento en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca estrechar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Source: Google News BO — Crime