Seis alertas internacionales precedieron las sanciones de EE.UU. contra la justicia boliviana
Desde 2022, organismos internacionales documentaron corrupción e infiltración criminal en el sistema judicial de Bolivia. Washington identificó a 16 jueces y fiscales entre los 28 nombres publicados.
Seis advertencias ignoradas antes de las restricciones estadounidenses
Seis alertas internacionales sobre corrupción, interferencia política e infiltración criminal en el sistema judicial boliviano precedieron a la actual ofensiva de Estados Unidos, según un recuento elaborado por El Deber sobre la base de información y documentos oficiales.
Entre septiembre y octubre, Washington anunció restricciones migratorias para 62 personas y sus familias en el marco de su política contra el crimen organizado y la corrupción. De ese total, 16 eran fiscales, jueces y magistrados en ejercicio o retirados.
Primera alerta: el relator de la ONU en 2022
En junio de 2022, Diego García-Sayán, entonces relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, denunció interferencias políticas, retardación procesal y abuso de la detención preventiva tras visitar Bolivia. Constató que el 47% de los 1.134 jueces ordinarios era transitorio y que siete de cada diez presos carecía de sentencia. "La retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas", señaló, e identificó también deficiencias de gestión, formación y corrupción. El presupuesto judicial representaba menos del 0,5% del presupuesto nacional.
Segunda alerta: informe sobre elecciones judiciales
En diciembre de 2024, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Fundación para el Debido Proceso publicaron el informe Ni elecciones judiciales integrales, ni reforma de la justicia en Bolivia. El documento cuestionó la selección de magistrados, la prórroga de mandatos y los riesgos para la independencia del poder judicial.
Tercera alerta: el Índice Global de Crimen Organizado
En noviembre de 2025, el Índice Global de Crimen Organizado asignó a Bolivia 5,12 puntos sobre diez en criminalidad —0,17 más que en 2023— y 4,63 en resiliencia estatal, una caída de 0,20 puntos. Los actores criminales integrados al Estado alcanzaron 6,5 puntos, frente a apenas tres del sistema judicial y penitenciario para contrarrestarlos. El informe describió corrupción institucional y redes extranjeras activas en el territorio.
Cuarta alerta: la relatora de la ONU visita La Paz y Sucre
En septiembre de 2026, la relatora de la ONU Margaret Satterthwaite visitó La Paz y Sucre. En diálogos con autoridades y entidades civiles abordó las presiones partidarias en la designación de jueces y defendió el nombramiento por mérito e independencia.
El 28 de septiembre, Washington anunció restricciones para 21 bolivianos y vetó al entonces fiscal general Róger Mariaca por presunta protección al narcotráfico. Mariaca rechazó la acusación, fue aprehendido el 1 de octubre y se encuentra detenido preventivamente en Cantumarca. En esa primera tanda fueron identificados nueve operadores judiciales: cuatro fiscales, incluido Mariaca, y cinco jueces o magistrados —entre ellos Alberto Zeballos, Martín Irusta, Álvaro Nava, Albania Caballero, Rosario Flores, Rodrigo Vedia y los magistrados Israel e Iván Campero.
Quinta alerta: la Unodc advierte sobre mafias extranjeras
El 17 de octubre, Mónica Mendoza, representante de la Unodc, alertó sobre la expansión de mafias extranjeras y su infiltración en la justicia boliviana. Describió una "confluencia" de narcotráfico, trata de personas, contrabando, corrupción y minería ilegal. Afirmó que negar la infiltración institucional sería "muy complejo" para el país.
Sexta alerta: Bolivia en el puesto 130 del Estado de Derecho
El 21 de octubre, el World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 130 de 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2026, y en el lugar 29 de 32 en la región. La justicia penal, la civil y el control de la corrupción figuran entre sus peores indicadores.
Al día siguiente, el 22 de octubre, EE.UU. anunció restricciones para otras 40 personas y publicó 15 nombres. Siete eran operadores judiciales: cuatro fiscales —Juan Lanchipa, Félix Balderas, Julio Porras y Armando Rojas— y tres jueces —Aldo Quezada, José Ayaviri y Julio Alba—. En el conjunto de ambas tandas, fueron identificados ocho fiscales y ocho jueces o magistrados.
Separaciones, renuncias y propuestas de reforma
El fiscal interino José Armando Urioste informó que Balderas y Porras fueron apartados de sus funciones el 20 de octubre. Quezada renunció al Tribunal Departamental de Santa Cruz. El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió que "la influencia no protege y el uniforme no protege".
Las restricciones de visa reactivaron propuestas de reforma judicial desde distintos sectores. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, propuso reformar la Constitución para elegir fiscales departamentales por voto popular y subordinar a la Policía al mando del gobernador. "No significa que ya son personas que tienen una sentencia", aclaró sobre los afectados por las restricciones.
El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco pidió "una reforma judicial profunda" y planteó expedientes digitales, trazabilidad de actuaciones y control ciudadano, además de que las asambleas departamentales designen a fiscales y autoridades judiciales.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció asistencia técnica del PNUD y gestiones con el BID para digitalización, integridad institucional y lucha contra la corrupción. La relatora Satterthwaite advirtió que cualquier reforma debe evitar interferencias partidarias en el sistema.
Source: El Deber